Los golpes de Estado han tenido una larga y difícil historia y nunca constituyeron sólo episodios protagonizados por militares. Sectores de la prensa, de la iglesia, de la cultura, de la clase política argentina y de la ciudadanía, tuvieron su parte de responsabilidad cada vez que se subvertía el orden constitucional.
El 24 de marzo de 1976, hasta el 10 de diciembre de 1983, se instaló en nuestro país un gobierno de facto a cargo de las Fuerzas Armadas, que se atribuyó la suma del poder público y se arrogó facultades extraordinarias. En el ejercicio de esos poderes ilegales e ilegítimos, aplicó un terrorismo de Estado que se manifestó en la práctica de graves violaciones a los derechos humanos. En el juicio a las Juntas, la causa 13.984 caratulada “Jorge Rafael Videla y otros”, quedó probado que a partir de ese día se instrumentó un plan sistemático de imposición del terror y la eliminación física de miles de ciudadanos sometidos a secuestros, torturas, detenciones clandestinas y toda clase de vejámenes.
A partir del 24 de marzo de 1976, se aplicó un plan coordinado de exterminio y represión generalizados con un costo humano calculado, que sometió a miles de personas al secuestro, a la tortura y a la muerte, y los convirtió en “ausentes para siempre”, como cínicamente proclamó el mayor responsable de los crímenes. Otros miles poblaron las cárceles sin causa o con procesos ilegales y muchos miles más encontraron en el exilio la única forma de sobrevivir. Cientos de niños fueron arrancados de los brazos de sus madres en cautiverio al nacer y privados de su identidad y de su familia. No se trataba de excesos ni de actos individuales; fue un plan criminal, una acción institucional diseñada con anterioridad al 24 de marzo y ejecutada desde el Estado mismo bajo los principios de la doctrina de la Seguridad Nacional.
La mayoría de las víctimas pertenecían a una generación de jóvenes, que cuestionaban activamente a la política del Estado de aquella época. Pero más allá de estos miles y miles de víctimas puntuales, fue la sociedad la principal destinataria del mensaje del terror generalizado. El poder dictatorial pretendía que el pueblo todo se rindiera a su arbitrariedad y su omnipotencia. Se buscaba una sociedad fraccionada, inmóvil, obediente, por eso trataron de quebrarla y vaciarla de todo aquello que lo inquietaba, anulando su vitalidad y su dinámica y por eso prohibieron desde la política hasta el arte. Sólo así podían imponer un proyecto político y económico de ajuste estructural con disminución del rol del Estado, endeudamiento externo con fuga de capitales y, sobre todo, con un disciplinamiento social que permitiera establecer un orden que el sistema democrático no les garantizaba. Las consecuencias fueron la concentración económica, el desempleo, el aumento de la pobreza, la destrucción de la economía local y la exclusión progresiva de cuantiosos sectores de la población de la posibilidad de acceder a los derechos constitucionales garantizados por los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
La dictadura militar fue una gran tragedia, su saldo fue luctuoso y desgarrador; lo que hace imperativa la reflexión sobre ese período. El Congreso de la Nación dispuso por ley que los 24 de marzo de cada año, fueran declarados “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, como feriado nacional inamovible. Debe ser ésta, entonces, una jornada de duelo y homenaje a las víctimas y también para la reflexión crítica sobre la gran tragedia argentina.
En aquellos momentos terribles, la resistencia contra la dictadura fue comenzada por las Madres de Plaza de Mayo; fueron ellas las que se organizaron para enfrentar a la barbarie. Hoy, aquel proyecto criminal ha sido derrotado porque casi la totalidad de los sectores políticos, sociales, culturales y económicos rechaza ese pasado y lo juzga críticamente. Porque el pueblo que no piensa su pasado y que no lo elabora, corre el grave riesgo de repetirlo; tan importante como recordar es entender, entender y recordar. Ese proceso de recordar entendiendo, esa reconstrucción de la memoria, es un valioso mecanismo de resistencia. Creemos que la memoria no es sólo una fuente de la historia, sino que es fundamentalmente un impulso moral, un deber y una necesidad. Sólo con verdad y con justicia, conformaremos una sociedad que se desarrolle en paz.
Por: Juan Carlos Ramirez
